El reciente acontecimiento relacionado con la detención de la periodista venezolana Ana Carolina Guaita ha generado una gran preocupación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que, en la tarde del 20 de agosto, la reportera de La Patilla fue arrestada por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Desde la cuenta oficial en X, el SNTP declaró: “La periodista Ana Carolina Guaita fue detenida esta tarde. Sus familiares confirman que fue llevada desde su hogar en la urbanización El Rincón en Maiquetía, alrededor de las 6 pm.”

Alberto Ravell, propietario de La Patilla, también expresó su descontento en X: “En una operación inusual y sin justificación, el SEBIN ha apresado a la periodista Ana Carolina Guaita Barreto. Estamos en contra de las detenciones arbitrarias y del hostigamiento a quienes se dedican a informar.”

Perkins Rocha, vocero de Comando con Venezuela, también se pronunció: “ALERTA: sigue la represión política en Venezuela. Esta tarde, sin ninguna orden judicial, Ana Carolina Guaita fue detenida al salir de su hogar. Su único ‘delito’ es informar la verdad.”

La defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, sumó detalles en X, indicando que Guaita habría sido “secuestrada en un vehículo blanco frente a su vivienda. Por ahora, se desconoce su paradero”.

Este contexto destaca el vínculo familiar de Guaita con figuras prominentes de la oposición política venezolana, lo que ha suscitado intensas reacciones. El periodista Vladimir Villegas mencionó que “su único crimen es ser hija de dos líderes opositores: el Dr. Carlos Guaita y la ciudadana Xiomara Barreto, ambos miembros del Partido Político Social Cristiano Copei”.

Numerosas organizaciones de derechos humanos y medios han denunciado esta detención como una represalia y un ataque a la libertad de expresión. Este incidente resalta un patrón de acoso hacia la prensa en Venezuela, particularmente desde que Nicolás Maduro se proclamara ganador de elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.

Además, la detención de Guaita se da en medio de un creciente clima de tensión política en Venezuela, donde periodistas y medios independientes sufren amenazas y actos sistemáticos de intimidación. Estas acciones han sido repetidamente denunciadas por organizaciones internacionales como violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) documentó 79 violaciones a la libertad de prensa entre el 29 de julio y el 4 de agosto, relacionando estas transgresiones con las elecciones y protestas posteriores. Entre las violaciones: agresiones físicas y verbales (30), discursos estigmatizantes (18), y detenciones (7).

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, se adhiere a esta alerta, afirmando un aumento en la persecución de trabajadores de prensa. Esto ha sido calificado como una política de Estado por la administración de Maduro.

Durante las manifestaciones iniciadas el 29 de julio, al menos seis periodistas han sido encarcelados y enfrentan cargos por terrorismo e incitación al odio. Este patrón de represión se suma a la inseguridad que enfrentan los comunicadores en un país donde la libertad de expresión está severamente amenazada.

El IPYS también enfatizó que la mayoría de las violaciones a la libertad de prensa involucran agresiones físicas y verbales, un intento claro de silenciar a quienes buscan informar. Discurso estigmatizante y hostigamiento judicial son prácticas frecuentes que buscan intimidar a los comunicadores que se atreven a abordar temas críticos en esta compleja realidad política.