La nueva orden ejecutiva emitida por Joe Biden busca restringir la entrada y el asilo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entró en vigor este martes, después de semanas de especulaciones. El presidente anunció el cierre de la frontera sur a los inmigrantes que crucen de manera ilegal para solicitar asilo una vez que se alcance un límite de casos diarios y las autoridades no puedan atender la demanda.
Esta medida, busca abordar uno de los problemas políticos más urgentes de Biden en su carrera hacia la reelección en los comicios de noviembre. Tiene como objetivo principal controlar la frontera y regular el flujo migratorio.
Las medidas aprobadas prohíben a los migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal recibir asilo una vez que se superen los 2,500 cruces diarios. En la práctica, esto implica el cierre temporal de la frontera para personas indocumentadas hasta que el número de solicitantes de asilo diario baje a 1,500.
Además de restringir el asilo, la orden también prevé acelerar las deportaciones al otorgar mayor poder discrecional a los agentes de inmigración y contempla un aumento de vuelos de personas deportadas a sus países de origen.
Sin embargo, esta medida no afectará a ciertos grupos. Por ejemplo, las niñas y niños que ingresen sin acompañantes, las víctimas de trata de personas o aquellas que enfrenten una amenaza inminente y extrema para su vida y seguridad. Tampoco incluye a personas con urgencias médicas graves.
Citas CBP One
Respecto a programas como el CBP One y al parole humanitario anunciado en enero de 2023 para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, no se verán afectados por esta orden.
La medida anunciada por Biden llega después de meses de negociaciones con el Congreso. Las cuales no lograron aprobar un presupuesto de emergencia para abordar la situación en la frontera. Ante la inacción del Congreso, Biden ha optado por utilizar su poder ejecutivo para emitir esta orden.
Mientras tanto, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han criticado duramente la orden ejecutiva. Argumentan que pone en riesgo la vida de miles de personas y no aborda las necesidades reales en la frontera.
El gobierno de Biden ha afirmado estar preparado para posibles desafíos legales. Pero asegura que esta medida es necesaria para controlar la situación en la frontera y garantizar la seguridad del país.
