El desafío legal de Edmundo González Urrutia
Este jueves, el Ministerio Público (MP) de Venezuela ha citado por tercera vez al excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, para que rinda declaraciones sobre la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en un sitio web. Este acto ha sido calificado por las autoridades venezolanas como una “usurpación de funciones”.
El fiscal general, Tarek William Saab, expresó su desdén al cuestionar el comportamiento de González Urrutia: «¿Quién es él para desobedecer las leyes? Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue satisfactorio para que se inscribiera en varias tarjetas, ¿por qué ahora que da un resultado, él lo desacata y ofende a esa autoridad?» La preocupación de Saab es clara, señalando que el CNE ha perdido su credibilidad a los ojos de la oposición.
El riesgo de la fuga y la amenaza de la aprehensión
La boleta reciente indica que, si González Urrutia no se presenta ante la fiscalía el 30 de agosto a las 10:00 am (hora local), se considerará “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”, lo que llevaría a solicitar una orden de aprehensión. A sus 75 años, el excandidato ha optado por reducir sus apariciones públicas a videos en sus redes sociales desde el 30 de julio. Justifica su ausencia en las citaciones debido a la falta de garantías y al afirmar que se están imputando delitos «no cometidos».
Hasta la fecha, el MP lo ha convocado en dos ocasiones sin éxito, pues González Urrutia argumenta que no hay garantías de un juicio justo y que la fiscalía actúa como un «acusador político». Saab recordó que, bajo la jurisprudencia venezolana, una persona puede ser convocada hasta tres veces y que González Urrutia fue citado como “investigado”.
Desde las elecciones, el CNE no ha publicado los resultados desglosados y ha declarado a Nicolás Maduro como ganador de un tercer mandato. Sin embargo, la oposición demanda que los resultados fueron distintos, afirmando que González Urrutia obtuvo el 67 % de los votos, respaldando su argumento con las actas conservadas por sus testigos de mesa.
Implicaciones legales y derechos de los citados
Abogados consultados por la Voz de América han señalado que la citación en la calidad de “investigado” no está registrada en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). La falta de especificidad en la naturaleza de las citaciones ha llevado a cuestionamientos sobre el debido proceso. “Eso es grave”, concluyen los juristas.
El MP está investigando la supuesta comisión de delitos que incluyen “usurpación de funciones” y “forjamiento de documentos”. Según el artículo 126-A del COPP, para realizar un acto de imputación, el MP debe informar por escrito al ciudadano sobre su condición. Los abogados advierten que si González Urrutia no se presenta a la tercera citación, es probable que se solicite un «mandato de conducción» ante un tribunal.
La ley también establece el derecho de toda persona citada a ser acompañada por un abogado de su elección, pero recientes denuncias han señalado violaciones a este derecho, especialmente en el contexto de manifestaciones posteriores a las elecciones. Las consecuencias legales se agravan, ya que el artículo 238 del Código Penal establece sanciones para aquellos que no se presenten como testigos ante la autoridad judicial.
Un contexto tenso en Venezuela
El presidente Nicolás Maduro ha expresado que la falta de presentación ante la fiscalía podría llevar a arrestos. Venezuela enfrenta un escenario de creciente represión hacia la oposición y múltiples denuncias internacionales sobre la legitimidad de las elecciones. A medida que se intensifica la crisis política y social, la comunidad internacional mantiene firme su postura demandando verificaciones independientes y confiables, aunque el gobierno desestima estas solicitudes como injerencia en asuntos internos.
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