¡Imponentes Cambios en las ONG de Nicaragua!
El reciente acto legislativo en Nicaragua ha provocado un profundo impacto en las organizaciones no gubernamentales del país. Este martes, el Parlamento nicaragüense aprobó reformar varias leyes cruciales que alterarán las dinámicas de operación de las ONG. La necesidad de formar “alianzas” con el Estado para poder llevar a cabo proyectos es una de las principales novedades de esta reforma.
La urgencia y unanimidad con la que estos cambios fueron impuestos dejó claro el ímpetu del régimen de Ortega, el cual disolvió aproximadamente 1.500 ONG en una maniobra que muchos consideran un intento por asfixiar a la sociedad civil. En este contexto, las tres leyes modificadas —la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Concertación Tributaria— marcan un punto de inflexión para las entidades que buscan operar en el país.
Conforme al nuevo marco legal, la presentación de propuestas ante los ministerios competentes se convierte en un requisito obligatorio. Todo proyecto deberá tener la bendición del régimen, que se reserva el derecho de aceptación o rechazo de estas iniciativas. Además, la supervisión de cada alianza y la autorización para cada trabajo recaerá directamente en el Estado.
Este nuevo modelo operativo de ‘Alianzas de Asociación’, como lo describió Rosario Murillo, establece una mayor presión sobre las ONG que continúan existiendo en Nicaragua. Desde las protestas en abril de 2018, la situación ha tomado un rumbo adverso, y aproximadamente 5.200 organizaciones han perdido su estatus legal en el país.
Entre las organizaciones disueltas se encuentran entidades de diferentes áreas, desde religiosas hasta defensoras de derechos humanos, todas afectadas por estos dictámenes. La crisis social y política ha acentuado las tensiones, especialmente después de las elecciones de 2021, donde los principales opositores de Ortega enfrentaron encarcelamiento y exilio.
El ambiente restrictivo evidenciado en Nicaragua contrasta con situaciones en otros países latinoamericanos, como en Venezuela, donde el gobierno también ha abordado modificaciones legislativas que limitan severamente el funcionamiento de las ONG. La reciente ‘Ley de Fiscalización’ aprobada en la Asamblea Nacional refleja un patrón preocupante: la tendencia a restringir el espacio cívico y la libertad de asociación.
Esta serie de sucesos ha llevado a activistas a cuestionar el futuro de las organizaciones independientes en la región y su capacidad para operar bajo sistemas de control cada vez más draconianos. El legado que estas reformas dejarán en la sociedad nicaragüense es incierto, pero lo que es claro es que las libertades fundamentales, incluyendo la de asociación, están bajo un asedio sin precedentes.
